LEY DE AUDIENCIAS: EL REGRESO DEL FANTASMA DE LA CENSURA.

LEY DE AUDIENCIAS: EL REGRESO DEL FANTASMA DE LA CENSURA.

La llamada Ley de Derechos de las Audiencias nació en 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como un intento de fortalecer la relación entre los medios y el público, garantizando que quienes consumen radio, televisión y contenidos digitales reciban información clara, verificable y diferenciada de la opinión o la publicidad. En su formulación original, la ley buscaba establecer principios básicos: distinguir hechos de interpretaciones, transparentar los intereses comerciales detrás de ciertos mensajes y ofrecer mecanismos para que las audiencias pudieran presentar quejas cuando consideraran vulnerado su derecho a la información. Sin embargo, la nueva propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum para actualizar estos lineamientos ha reactivado un debate que México arrastra desde hace más de una década: ¿hasta dónde puede regular el Estado sin invadir la esfera editorial de los medios?

La polémica se ha intensificado porque la iniciativa gubernamental llega en un momento de reconfiguración institucional. El antiguo IFT, órgano autónomo encargado de regular telecomunicaciones y radiodifusión, fue sustituido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dependiente del Ejecutivo. Para los concesionarios de radio y televisión, así como para plataformas digitales que operan en México, este cambio altera el equilibrio que históricamente había permitido que la supervisión técnica y administrativa se mantuviera a distancia de los intereses políticos. La preocupación central es que los nuevos lineamientos, aunque presentados como una actualización necesaria para proteger a las audiencias, podrían convertirse en un instrumento para vigilar, corregir o sancionar contenidos bajo criterios ambiguos como “veracidad”, “claridad” o “no confusión”.

Los empresarios de medios han señalado que la propuesta abre la puerta a una forma de censura indirecta: no se prohíben contenidos de manera explícita, pero se establecen obligaciones y posibles sanciones que, en la práctica, podrían presionar a los medios para ajustar su línea editorial. La exigencia de distinguir de manera estricta entre información y opinión, por ejemplo, es vista por algunos como una intervención en la lógica narrativa del periodismo, que desde siempre ha combinado hechos, interpretación y contexto. Además, la figura del “defensor de las audiencias”, que en teoría debería ser un puente entre el público y los medios, podría transformarse en un mecanismo burocrático sujeto a criterios regulatorios que no necesariamente responden a la diversidad de prácticas periodísticas.

El gobierno, por su parte, insiste en que no existe intención de censurar y que las sanciones serían exclusivamente administrativas, dirigidas a concesionarios y no a periodistas. Argumenta que la regulación es indispensable en un ecosistema mediático saturado de desinformación, publicidad encubierta y contenidos híbridos que dificultan la comprensión del público. Sin embargo, la defensa oficial no ha logrado disipar la inquietud de los medios, en parte porque la propuesta no delimita con precisión qué conductas serían sancionables ni cómo se garantizaría que la autoridad reguladora actúe con independencia frente al poder político.

La disputa revela una tensión estructural: el Estado busca ordenar un sistema mediático cada vez más complejo, mientras los medios temen que ese ordenamiento se convierta en un mecanismo de control. En un país donde la violencia contra periodistas es persistente y donde la relación entre gobiernos y medios ha sido históricamente conflictiva, cualquier regulación sobre contenidos se interpreta con cautela. La Ley de Derechos de las Audiencias, concebida originalmente como una herramienta para empoderar al público, se encuentra ahora en el centro de un debate que cuestiona no solo su alcance, sino el modelo de gobernanza mediática que México quiere construir en los próximos años.

Si quieres conocer un poco más sobre la Ley de Derechos de las Audiencias en México, te dejo este enlace, es un trabajo que realicé en 2018 para una clase de Marco Legal de los Medios en México.